El verdadero cambio cultural de Chile:
La era de la participación ciudadana
Por www.forociudadano.cl
14/03/2006
Se están comenzando a escuchar con cierta frecuencia términos como participación ciudadana, ciudadanía organizada o fortalecimiento de la sociedad civil. En los discursos públicos, fue Ricardo Lagos el que comenzó a utilizarlos y a tomar medidas en ese sentido. Michelle Bachelet los reiteró desde el primer momento de su campaña. Pareciera que el cambio cultural del que se habla tiene que ver directamente con un mayor protagonismo de las personas en las políticas públicas, en las decisiones que nos afectan a todos, finalmente, en el destino del país.
Pero, ¿qué es participación ciudadana? Para Adolfo Castillo, director de la Corporación Libertades Ciudadanas, “participación es movimiento, el movimiento de las personas, es una acción deliberada, voluntaria, consciente, de personas o colectivos que buscan fines públicos, beneficios colectivos para el bien de la sociedad, es lo que hay más allá de la casa”.
Desde la perspectiva de María Eugenia Díaz, presidenta de la asociación de ONG’s Acción AG, “participación es sentirse parte. Eso pasa porque uno tenga la sensación y la convicción de que participando en algo más colectivo es posible influir en cambios que beneficien la vida de distintas personas, pero en distintos ámbitos”.
Pero además de relacionarse entre ciudadanos, para que la participación sea efectiva, está íntimamente ligada al Estado. En otras palabras, no basta con organizarse -aunque ya es un buen comienzo- sino además es necesario lograr espacios de interacción con el Estado que hagan posible ejecutar las demandas particulares, pero también, incidir en políticas públicas que afectarán a todas y todos, desde una perspectiva ciudadana.
“En esa relación, el punto que permanentemente está en el debate es cuán equilibrada es, cuánto peso deben tener los ciudadanos, cuánto deben ser escuchados, cuánto deben influir sus decisiones. Por otra parte, el Estado debe resguardar sus intereses, conservar ciertos secretos, dejar que la política sea permeada por los ciudadanos, por las demandas, por los sueños de la gente, y no solamente como actos electorales, sino de manera permanente, como un flujo de equilibrios entre Estado y sociedad”, acota Castillo.
Esta relación entre Estado y ciudadanía, aunque parece abstracta y lejana, no se da en los altos círculos de poder, sino en la vida cotidiana de las personas. Cada vez que vamos a un consultorio, a una oficina pública, a la municipalidad, cuando un joven no tiene acceso a la universidad, cuando hay problemas en las escuelas, en fin.
No obstante, la participación ciudadana no se limita a esta relación sino a tener realmente “voz y voto”.
“No sólo se requiere voluntad política del Estado para que haya participación ciudadana, se requiere calidad de los ciudadanos para participar de una manera rigurosa, efectiva, que no sea demagógica, maximalista, creo que adolecemos de esas características, lamentablemente, la gran mayoría de los dirigentes sociales. Si hay ciudadanos concientes, activos, proactivos, con capacidad de propuestas, son capaces de modificar la voluntad política”, apunta Rolando Jiménez, presidente del Movimiento de Liberación e Integración Homosexual (MOVILH).
Balances y desafíos
Desde el programa de Gobierno de Ricardo Lagos que se planteó como una necesidad y un compromiso el fortalecimiento de la participación ciudadana en las políticas públicas. Para esto se tomaron medidas tendientes a vigorizar las prácticas ciudadanas, interpretar sus intereses y promover las relaciones de confianza, entre otros objetivos, según afirman en la Memoria 2000-2005 del Ministerio Secretaría General de Gobierno, organismo encargado de implementar estas políticas. Específicamente, se creó un Programa para Fortalecer Alianzas entre la Sociedad Civil y el Estado y una Política Nacional de Participación Ciudadana. Ambas iniciativas se materializaron en un Instructivo Presidencial a todas las dependencias estatales de compromisos de participación de la ciudadanía en sus quehaceres, un proyecto de ley de participación ciudadana, el Fondo de Desarrollo de la Sociedad Civil – con un consejo provisorio mixto que lo administra- que otorga recursos a las organizaciones; una mesa intergubernamental que realizó un diagnóstico de la situación; un consejo ciudadano y el Plan de Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, entre otras cosas que, en definitiva, buscaban dar un mayor realce a la ciudadanía en el Gobierno.
Ahora que el Gobierno de Lagos ya finalizó, sobre la evaluación de estas medidas las opiniones son disímiles.
“Había un desafío de potenciar la ciudadanía y la evaluación nuestra es que eso no ocurrió por falta de voluntad política y por una cultura poco democrática de parte de los estamentos públicos. Hay un gran desafío desde la sociedad civil en cómo potenciamos el trabajo que distintos sectores estamos haciendo para incidir”, señala María Eugenia Díaz.
Por su parte, Adolfo Castillo afirma que en un estudio realizado por Acción AG, en conjunto con otras organizaciones y personas, se concluyó que “de las de 25 propuestas del consejo ciudadano, un 44% no fueron cumplidas y un 16% parcialmente”, enumera el historiador y agrega que “el propio gobierno señala que de los 26 compromisos asumidos por el plan de fortalecimiento hay solamente un 50% de compromisos cumplidos y un 23% de compromisos incumplidos”.
Rolando Jiménez, en tanto, prefiere ver el vaso medio lleno. “Evidentemente hay avances, estas mismas cifras dan cuenta que hay cierta voluntad política y cierta capacidad”, manifiesta. Para el presidente del MOVILH, “hay el Estado que la sociedad civil ha permitido que haya” y agrega que “no se van a cumplir las metas si no somos capaces de articularnos de buena manera desde la sociedad civil, si tiene claro cuáles son sus objetivos, cuáles van a ser las estrategias para cumplirlos, podemos forzar la voluntad política”, enfatiza.
Entre los temas que quedaron pendientes de la administración anterior, se cuentan la instauración del defensor ciudadano, temas relativos a derechos humanos que permitirían ampliar la democracia y, por supuesto, la aprobación del proyecto de ley de participación ciudadana que duerme el sueño de los justos en el Congreso, un proyecto que más de una controversia causó.
Si bien fueron las propias organizaciones de la sociedad civil las que contribuyeron a elaborar el proyecto de ley, en las distintas etapas que deben pasar por el Ejecutivo, la propuesta original fue modificada y afuera quedaron temas como la iniciativa popular de ley, que molestó a algunos dirigentes. “Hicimos lobby, pero ahí nos faltó más fuerza con las organizaciones que estaban interesadas en participar en esta ley”, reconoce María Eugenia Díaz.
“El Estado depende fundamentalmente de lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer desde la sociedad civil. Tenemos que tener mucha mayor capacidad para negociar, a partir de datos de la realidad, los temas de etnias, de discriminación, de medio ambiente. Los dirigentes tienen que tener la capacidad de mirar de manera integral. Lamentablemente, hoy día tenemos verdaderos ghettos en cada tema. Se habla mucho de las redes, pero en el día a día no se opera en esos términos”, acota Jiménez.
Lo que viene
La Presidenta Michelle Bachelet señaló que incluirá la participación ciudadana en todos los ámbitos posibles y que el suyo será un gobierno de la ciudadanía. Compromisos que llenan de expectativas y desafíos.
La presidenta de Acción AG enumera las tareas inmediatas. Las organizaciones deberán coordinarse en torno a agendas acotadas que permitan hacer propuestas concretas. Para el Gobierno, en tanto, no es suficiente trabajar normativas y tener institucionalidades, sino “incluir estas prácticas en una cultura de lo público, en que no se tenga miedo a que la gente opine acerca de cómo se está haciendo y qué se está haciendo. Eso es para nosotros participación, abrir expectativas, pero que sea posible actuar y sentir que desde las organizaciones podemos influir en que este país sea mejor”.
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